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NEWS & LETTERS, October - November 2009
La resistencia como camino a la dignidad popular. Honduras, el Golpe de estado y la asamblea constituyente
por Francesca Gargallo
Tegucigalpa, 19 de septiembre de 2009. "Cuando los medios callan, las paredes informan", aseguran los muros de las todas las calles de Tegucigalpa, ciudad donde desde hace 84 días la Resistencia al Golpe se ha convertido no sólo en un camino hacia la dignificación popular, sino en el más participativo de los reclamos de democracia de todo el continente americano, el único que reclama masivamente la relación entre lo político y lo privado: "Ni golpe de estado, ni golpes a las mujeres".
Nadie que conociera Centroamérica hubiera pensado antes del 28 de junio de 2009, que en Honduras el diez por ciento de la población se manifestaría de forma pacífica y autorganizada en las calles contra una imposición política de la oligarquía económica que en 1983 organizó el bipartidismo "democrático" de su país. Ese día, Manuel Zelaya, más conocido como Mel, un presidente liberal que apenas en su último año de gobierno se había acercado a las demandas populares de redistribución de la riqueza, reforma agraria, reforma política y justicia social, fue sacado de su residencia en calzoncillos por el ejército que blandía una orden del Congreso y subido a un avión que lo trasladó a Costa Rica. Sus "culpas" eran haber aumentado el salario mínimo, firmado el ALBA y propuesto una encuesta popular acerca de si el pueblo hondureño quería o no que se votara durante el proceso electoral de noviembre de 2009 una reforma constitucional, mediante un llamado a una asamblea constituyente.
A pesar de que la oligarquía contaba con todo el aparato mediático del país, y por ende con la posibilidad de una campaña brutal contra la reforma, el miedo a que el pueblo se expresara a favor de la "cuarta urna" (la urna de la consulta popular para la Constituyente) en las elecciones, impulsó a los liberales y los nacionalistas cercanos a la oligarquía a un acto de despotismo del que no esperaban una respuesta popular contundente.
Sin embargo, desde las 8 de la mañana del 28 de junio, frente a la casa presidencial hondureña se congregaron personas de diversas procedencias y organizaciones: campesinos, vendedoras ambulantes, sindicalistas, notoriamente mujeres del movimiento feminista, docentes e indígenas. Ahí mismo se configuró un Bloque de Resistencia al Golpe de Estado, mientras el presidente del Congreso se autonombraba presidente de la república, asumiendo que el voto de los parlamentarios liberales y nacionalistas podía designarlo como tal.
La negativa a que una farsa de la democracia electoral validara la imposición política de los sectores más conservadores - los ricos dueños de los medios de comunicación y de las empresas maquiladoras, las haciendas ganaderas y los negocios de comidas rápidas-, dio pie entonces a una manifestación diaria de la población contra la crisis del Estado.
La participación directa de las personas en la organización de su resistencia ha implicado una reflexión no mediada acerca de qué democracia es necesaria en Honduras, cómo debelar la reproducción de la violencia femicida, laboral y doméstica contra las mujeres y el asesinato de las y los dirigentes populares y qué demandar al Estado; en fin, qué proponer en una Asamblea Constituyente. Estos diálogos que se auto-organizan en las marchas, plantones y asambleas, sólo desde una perspectiva muy oficialista pueden ser considerados "espontáneos"; en realidad demuestran una preparación popular en el debate de su propia condición y el aprovechamiento de los espacios de consulta abiertos por el gobierno de Mel Zelaya en los seis meses anteriores al golpe. Asimismo, evidencian las influencias y limitaciones de esas instancias de mediación que en las décadas de 1980-1990 surgieron entre el estado y la población civil: los Organismos No Gubernamentales (ONGs) que se interpusieron entre las demandas de los sectores populares y los gobiernos neoliberales que pretendían descargar el Estado de sus funciones y responsabilidades sociales, generando una suerte de "clase" de interlocutores especializados encargados/as de "traducir" a un lenguaje políticamente correcto (es decir, desapasionado) las exigencias de la sociedad, pero que, al mismo tiempo, escucharon y organizaron el descontento, las demandas y las inquietudes de esa sociedad.
Lejos de restarle importancia a la función del Estado, hoy el pueblo hondureño parece resistir contra su secuestro por parte de un sector minoritario de la población, la oligarquía. Por ello, de lunes a viernes, se manifiesta sobre el Boulevard Morazán, más conocido ahora como Boulevard de la Resistencia, ingresando a barrios marginales en los que la delincuencia organizada (maras, narcotraficantes, lenones, sicarios, etcétera) había robado a la gente el uso del espacio público (hasta atravesar la calle puede provocar un asesinato en las zonas más pobres del tercer país más pobre de América), volviendo a las avenidas, manifestándose frente a los ministerios, los bancos, las emisoras y la embajada estadounidense, ocupando el centro histórico y los sitios de una ciudadanía que se refunda en una dignidad popular colectiva.
De todos las regiones del país, desde el eje maquilador cuyo centro es San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, hasta las zonas ganaderas de Olancho, pasando por la costa atlántica, poblada por garifunas y afrodescendientes, y el boscoso centro indígena del país, marchas multitudinarias han convergido sobre Tegucigalpa, durante los últimos dos meses y medio. La dirección de la misma es muy diversa, desde las dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) hasta sacerdotes de las más diversas pastorales: de los pobres, del medioambiente, de los indios. Estas marchas han generado pánico entre los sectores golpistas, que han desatado contra sus integrantes una brutal ola represiva, como el intento de desalojo policial de mujeres y hombres provenientes de las ciudades del interior que se habían concentrado en la Universidad Pedagógica a finales de julio. Paralelamente, las y los dirigentes del campesinados o las organizaciones indígenas y sindicales que pueden llamar a la movilización son perseguidos y asesinados con métodos que podrían definirse "sicariales", es decir propios de un modus operandi que remite a las rendiciones de cuenta de la delincuencia organizada, para que los medios de comunicación no los relacionen con la represión política. Dos o más personas participantes en la Resistencia al Golpe son aniquiladas cada semana, sea por pistoleros en motocicleta que les disparan a la cara, sea por anónimos matones que las abandonan en las postrimerías de las ciudades, sea por secuestradores. Como en el resto de América Latina, las mujeres son asesinadas de manera que la violencia contra su cuerpo se convierta en un mensaje de miedo para toda la población.
El 15 de septiembre recién pasado, día en que se festeja la Independencia de América Central, más de seiscientos mil personas (el diez por ciento de la población de Honduras) salió a las calles de todas las ciudades del país, protagonizando un festejo que asustó a los propios militares que habían dispuesto un desfile de la marina, la aviación y el ejército, encabezado por las bandas escolares de los colegios privados donde acuden los hijos de los "blancos" (por el color de la indumentaria que utilizan los sectores favorables a los golpistas en las marchas) o "perfumados" (término que remite a los usos estéticos de su clase de extracción). El desfile militar por Tegucigalpa no pudo reunir a más de treinta mil personas y frente a la multitud que se manifestaba por una "segunda independencia" y la "asamblea constituyente" prefirió dispersarse apenas alcanzado el centro deportivo de la ciudad.
En este escenario vale la pena preguntarse a qué futuro apunta la Resistencia hondureña al golpe de estado que sufrió Manuel Zelaya a finales de junio. La imposibilidad de gobernar de los golpistas es un hecho evidente. No sólo han sido rechazados por la comunidad internacional (únicamente Israel y el gobierno de Taiwan reconocen el gobierno de Micheletti), sino que la población repudia cada uno de sus actos, los campesinos han tomado el Instituto Nacional Agrario y no han permitido instalarse a tres ministros designados por el gobierno golpista, las obreras de la maquila han incrementado sus demandas por un trabajo digno, saludable y bien remunerado ("Empleo sí, pero con dignidad", es la consigna que corean en las marchas), el comercio regional ha colapsado. Las incongruencias de las declaraciones de los políticos golpistas son motivo de burla, como cuando Micheletti espetó en televisión que "si Cuba ha resistido el bloqueo por cincuenta años, nosotros también podremos resistir", y el descaro de sus gastos e ignorancia es denunciado públicamente, como cuando tres ministras, todas ellas nombradas para cubrir la "cuota" de mujeres en el gobierno y relacionadas familiarmente con los hombres más ricos de Honduras, gastaron cada una 5000 dólares por su boleto de primera clase a Rusia y 800 dólares por noche en el Grand Hotel Europa de Moscú. Las obreras reclamaron de inmediato de cada una de esas noches de hospedaje ¡equivalía al sueldo mensual de cuatro de ellas!
La gran tirada de los golpistas ahora es llegar a las elecciones de noviembre y entregar el poder al presidente electo. Esperan aprovechar su poder mediático para postular dos candidatos, el nacionalista Porfirio Lobo Sosa (popularmente conocido como Pepe Lobo) y el liberal Elvín Santos, pues los autores intelectuales del golpe de estado son dueños de diarios como La Tribuna y del conglomerado empresarial de las telecomunicaciones Grupo Terra. Con cualquiera de los dos esperan garantizar que no serán perseguidos por sus delitos contra la democracia, que no habrá una asamblea constituyente que incorpore a los sectores populares (si bien Pepe Lobo podría llamar a una constituyente, sus miembros serían elegidos entre los empresarios y ganaderos ligados al Opus Dei y a las iglesias evangélicas) y que la impunidad hacia la delincuencia continúe garantizando el abandono del espacio público por parte de una población aterrada por la violencia.
No obstante, el Partido Liberal está dividido, ya que una parte apoya el retorno inmediato de Manuel Zelaya, y podría proponer otro candidato que su ex-vicepresidente; Unificación Democrática (UD), un pequeño partido de izquierda que se ha opuesto al golpe en el Congreso, insiste en que las elecciones serán legítimas sólo después del retorno del presidente elegido por las urnas; y existe un candidato presidencial independiente, el muy popular maestro Carlos H. Reyes, que ha sido duramente golpeado por la policía durante la resistencia y que se opondrá a las elecciones sin un retorno a la legitimidad.
Por su lado, el grueso de la Resistencia al Golpe exige desde ya una Asamblea Constituyente ("Elecciones no, Constituyente sí", es otra de las pintas recurrente en los muros de Tegucigalpa) y se prepara a marchas forzadas para organizar sus demandas. Feministas, maestros y sindicalistas empiezan a reunirse, mientras los sectores campesinos, organizados en tres Confederaciones y 24 colectivos, tienen listas sus propuestas para una reforma agraria integral. En qué pueden ponerse de acuerdo, sin embargo, no es muy claro. Por ejemplo, ¿cómo van a coincidir en un país confesional como Honduras las demandas de campesinos y sindicalistas cristianos con el reclamo de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria? Sin las mujeres, la democracia no va, esto es algo más que una pinta en el muro.
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El lunes 21 de septiembre, el regreso sorpresivo a Tegucigalpa de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras derrocado por un golpe de estado el 28 de junio recién pasado, desencadenó en menos de 24 horas que la ola de entusiasmo popular por su llegada fuera reprimida por el régimen golpista con detenciones arbitrarias, uso masivo de gases lacrimógenos en las calles y gasificación de las casas con las familias dentro, disparos de bala a altura del cuerpo, golpizas con toletes de metal para la dispersión de más de 20 personas reunidas, toques de queda prolongados por más de 48 horas sucesivas, secuestro de personas heridas de los hospitales sin que la Cruz Roja intervenga, tortura, encarcelamientos masivos en los estadios, allanamientos de vivienda y cortes del suministro de agua y energía eléctrica. Por lo menos veinticuatro personas fueron asesinadas y tres niños murieron sofocados por el uso de gases durante la más violenta represión política realizada por un régimen latinoamericano en más de 20 años.
Cuando el domingo 20 con las compañeras de la Red de Escritoras Feministas dejamos Honduras, donde habíamos ido a manifestar nuestra solidaridad al colectivo de Feministas en Resistencia, nuestro análisis de la situación era que la resistencia duraría largo tiempo, fortaleciéndose en sus demandas y profundizando el análisis político de la situación mediante el diálogo propiciado por la reunión de ciudadanos inconformes y organizaciones sociales diversas en el espacio público. Un día después el panorama había cambiado radicalmente.
Refugiado en la embajada de Brasil, donde pidió asilo una hora antes de apersonarse llegando a pie, a caballo y en auto desde la fronteras terrestre con Guatemala, Zelaya ha pedido a la comunidad internacional que intervenga para detener la violencia contra la población. No obstante, el propio presidente corre el riesgo de ser asesinado por los francotiradores apostados en los alrededores o de que los militares hondureños lo secuestren violando la extraterritorialidad de la misma embajada. La brutalidad de la represión, la falta de atención a los llamados de la OEA y de la misma ONU para que el régimen golpista pacte un retorno al orden democrático, y la estupidez de las respuestas del mandatario de facto Micheletti a las medidas económicas con que la comunidad internacional acompañó su repudio al golpe, permiten pensar que semejantes acciones pueden realizarse.
El retorno de los embajadores europeos y la llegada del secretario general de la OEA, Miguel Insulsa, el sábado 26 por la mañana, parecen predecir una salida diplomática tendiente a un regreso de Zelaya a la presidencia sin el poder real para cumplir con la demanda popular de una reforma constitucional (la principal demanda de la resistencia pacífica al golpe, que se manifestó durante 88 días consecutivos con marchas, plantones, ayunos y concentraciones, se sintetiza en la consigna más coreada: "No a las elecciones, sí a la Asamblea Constituyente").
El miedo de la oligarquía hondureña a que "la izquierda" ( o "los chavistas", título con el que pretenden satanizar a los miembros de una Resistencia que sacó a la calle el 10 por ciento de la población hondureña el 15 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia centroamericana) se haga de los poderes locales para llevar a cabo la Asamblea Constituyente es el motivo por el que Micheletti logró una orden del Congreso para arrestar y deportar a Costa Rica a Zelaya con la acusación de atentar contra la constitución hondureña (un artículo de esa misma constitución, redactada en 1983 por los militares a la hora de ceder el poder a un gobierno civil, define todo intento de reforma como un atentado contra la misma).
A pesar de la total falta de legalidad del acto, la prensa internacional se hizo eco de la paranoia anti-chavista de los golpistas al reportar que Zelaya intentaba imponer la reforma constitucional para poderse reelegir. Paralelamente, una parte de la izquierda latinoamericana insistió en el populismo de Zelaya, al subrayar que fue elegido por el Partido Liberal, el mismo de Micheletti, suavizando de tal manera su condena al golpe. Los gobiernos presuntamente populares de Nicaragua y El Salvador no expresaron su repudio con fuerza. Probablemente estas actitudes responden al temor de contrariar unos Estados Unidos que no se definen claramente en la condena del golpe. No obstante, quien está pagando las consecuencias de la violencia militar desatada por el Congreso es un pueblo que en la Resistencia ha recuperado la dignidad que había perdido en la década de 1980 cuando, tras una durísima represión interna, no pudo impedir que su país se convirtiera en la portaviones de Estados Unidos contra la guerrilla salvadoreña y el gobierno revolucionario sandinista.
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